Luz verde al plan municipal para ilegalizar el 95% de los pisos turísticos de Madrid | Somos Chueca - Salesas
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Luz verde al plan municipal para ilegalizar el 95% de los pisos turísticos de Madrid

Este jueves la Junta de Gobierno de Madrid aprobaba su plan para combatir la proliferación de viviendas turísticas ilegales en la ciudad mediante la ilegalización masiva de los alojamientos de uso turístico.

Hostel en la calle Infantas | Somos Chueca
Hostel en la calle Infantas | Somos Chueca

Este jueves la Junta de Gobierno de Madrid aprobaba su plan para combatir la proliferación de viviendas turísticas ilegales en la ciudad. Una medida que incluirá a 53 barrios de Madrid situados en el interior de la M-30 (la mitad de los de la ciudad) y que aspira a frenar el “efecto Airbnb” mediante la ilegalización masiva de las viviendas de uso turístico que no cumplan con las reglas del juego.

Una norma a la que ha tenido acceso nuestro medio hermano Somos Malasaña que se aprueba a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid no tiene competencia específicas para intervenir en el ámbito de la vivienda turística. La innación del gobierno regional ha llevado al equipo de Manuela Carmena a buscar una vía alternativa que les permita actuar dentro de la legalidad: la normativa urbanística.

Se trata del Plan Especial de Usos del Hospedaje, una nueva norma municipal que permitirá al Ayuntamiento de Madrid sancionar a los negocios turísticos que ejerzan su actividad sin licencia, aunque sean viviendas y estén en una comunidad de vecinos.

Cuatro zonas y nuevas restricciones

onas en las que el Ayuntamiento de Madrid aplicará su plan para regular la vivienda turística

El plan, que tiene como objetivo fundamental “limitar al máximo la expulsión del uso residencial de carácter permanente”, afectará de manera exclusiva a las zonas residenciales, no a los edificios de uso terciario (como, por ejemplo, los de oficinas), y contiene puntos complejos y muy detallados.

Para conseguirlo, tal y como se había adelantado, se establecen cuatro zonas: la primera coincide con los límites del distrito Centro, la segunda alcanza todo Chamberí, Arganzuela, parte de los distritos de Salamanca, Retiro, Chamartín y al barrio de Argüelles y en ambas se aplican las medidas más restrictivas.

A grandes rasgos, estará prohibido abrir cualquier tipo de vivienda turística en edificios residenciales, salvo aquellos casos que dispongan de acceso independiente desde la calle. Esto implica que el acceso no se podrá realizar por el portal como el resto de vecinos, e implica que la mayoría de viviendas que se promocionan en plataformas como Airbnb no estarían permitidas.

Tampoco se podrán alquilar bajos con acceso directo a la acera, puesto que la normativa exige que la entrada no sea directa. Además, el plan también impedirá en ambas zonas la transformación de edificios completos de viviendas en alojamientos turísticos de cualquier tipo (incluidos los hoteles), a excepción de los grandes ejes viarios como el Paseo del Prado, la Gran Vía o la calle Princesa.

En la zona 3 del plan, que abarca el resto de la almendra central (área que delimita la M-30) y zonas de Usera, Latina, Carabanchel, Príncipe Pío y Chamartín, también habrá restricciones, pero serán menos estrictas que en las dos áreas mencionadas. En ella sí que se permitirán viviendas de uso turístico, aunque en casos muy determinados, limitándolo a un pequeño porcentaje de la superficie residencial de cada edificio.

Esta área iba a ser en principio más pequeña, pero las presiones vecinales (especialmente de las de asociaciones como la de vecinos de Sol y Letras y la organización “Lavapiés, ¿dónde vas?”) y los consejos de diversos expertos en la materia han llevado al Ayuntamiento a extender a seis barrios al sur de la M-30 las medidas de protección de alojamientos de uso turístico.

En el resto del término municipal de Madrid se mantendrá la legislación vigente, con el objetivo explícito de “que la actividad de hospedaje se extienda a otras zonas de la ciudad, descargando la concentración del Centro”, reza el documento al que han tenido acceso nuestros compañeros de Somos Malasaña.

Más inspecciones y sanciones

Casi tres años le ha llevado al Ayuntamiento de Madrid tomar la primera medida legal para frenar una turistificación que ha contribuido decisivamente a subidas de alquileres medios del 30% en la ciudad y de hasta el 50% en algunos barrios, y que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de vecinos.

Con la previsión de que este plan especial sea llevado a los juzgados por las empresas de vivienda turística y por algunos partidos (como el PP, que ya advirtió que tomaría medidas legales para frenarlo), se mantiene la moratoria a conceder licencias turísticas que el equipo de Carmena estableció en febrero y que seguirá vigente hasta la aprobación definitiva del plan, que previsiblemente tendrá lugar el último trimestre de 2018, tras su paso por el pleno municipal, donde tiene asegurado el apoyo del PSOE.

Mientras llega su aprobación definitiva y ante la amenaza de que la justicia la demore, el Ayuntamiento ha iniciado un plan de acción: un incremento de las inspecciones para detectar y sancionar a las viviendas y apartamentos turísticos ilegales, incluidos los denunciados por los vecinos.

En esta línea, esta misma semana se han incorporado a la plantilla de la Agencia de Actividades, el organismo que controla las licencias en la ciudad, 22 personas: 10 arquitectos superiores, 4 técnicos de gestión (rama jurídica) y 8 auxiliares administrativos para reforzar las inspecciones y tramitar los expedientes sancionadores.

Hasta el mes de julio el área de Urbanismo ha abierto expediente a 507 alojamientos turísticos de todo Madrid, la mayoría de ellos en el distrito Centro (362) y, hasta la fecha, ha ordenado el cese de actividad en 147 casos y espera información de la Comunidad de Madrid para ampliar las sanciones al resto.

Este plan pretende poner solución a algunas de las conclusiones del demoledor y contundente informe del Defensor del Pueblo en el que recrimina a las administraciones regional y municipal la proliferación en el Centro de Madrid de los alojamientos y Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Pero esto es solo una parte de las medidas necesarias para poder resolver esta problemática porque el Ayuntamiento de Madrid no puede regular sobre las VUT que se alquilen menos de 90 días al año, el límite que pone la Comunidad de Madrid para considerar esta actividad como empresarial.

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